Lo que deberíamos estar debatiendo no es un plan de choque contra la pobreza, sino, un plan contra la desigualdad social

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En España una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

Al parecer, la clase política ha superado la etapa de negación en la que se cuestionaban los indicadores de crecimiento de la pobreza y la desigualdad a golpe de decimal y lábiles argumentos. El peso de la realidad es difícil de negar: En sólo cinco años hemos pasado de un 5% a un 11% de población en riesgo de pobreza extrema –a este ritmo, quien sabe si la sociedad detonará en unos lustros-. En este país un 26% de sus habitantes, una de cada cuatro personas, vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

Ante ello: ¡Necesitamos políticas de empleo con garantías laborales de seguridad y salario digno! -¿saben que no deja de crecer el número de personas con empleo que son atendidas en servicios para la exclusión social?- ¡Cuánta urgencia hay de una fiscalidad redistributiva! ¡De medidas como una renta mínima garantizada, y de recuperar la RMI! ¡De restabecimiento de las coberturas que estipula la Ley de atención a la dependencia! ¡De generación de empleo estimulando el fortalecimiento comunitario y de tejido social, la economía productiva de proximidad! ¡De una dotación inmediata y suficiente de vivienda social y pasar del 1,8% actual al 15% necesario de una vez por todas! ¡Ese sí que iba a ser un buen plan de choque!

En cambio, más allá de algunas –pocas- medidas estructurales, que quizá la realidad no sostenga tan bien como el papel en que se escriben, lo que se presenta en forma de plan de choque contra la pobreza es en parte el cumplimiento de leyes ya aprobadas, así como, en gran medida, la redistribución de partidas ya existentes. Además, su dotación, de 270 millones de euros, debería ofendernos profundamente, pues es sospechosamente menor en 25 veces -7.000 millones- a las estimaciones iniciales de algún partido político. 

Esto es todo –o casi todo-, para un problema que está consolidando las peores sospechas: El estado social y democrático de derecho está comprometido. Las conquistas de los derechos sociales y laborales del siglo XX, se van al traste. 

Y es que lo que deberíamos estar debatiendo, no es un plan de choque contra la pobreza, sino un plan de choque contra la desigualdad social. Porque un enfoque de políticas –sociales, de empleo, vivienda, salud, formación, fiscalidad, entre otras- centrado en la desigualdad, significaría que nuestra clase políticos reconoce de facto el derecho a la justicia social. Por contra, el actual enfoque, que responde básicamente al discurso clásico de la exclusión social, nos menosprecia como sociedad e insulta a aquellas personas que, etiquetadas como excluidas sociales, se entienden como tributarias naturales del plan, “ “pobres” pobres…”.
Teresa Crespo (ECAS), acierta cuando dice que “estamos fabricando los pobres del futuro”. Ante esta realidad, Nou Barris, gran distrito de Barcelona, centra el tema al afirmar que No es pobreza, es injusticia, y me lleva invitar que repitamos hasta las últimas consecuencias la máxima de Marx y Engels, más aún, ante el cerco que el neoliberalismo está cerrando sobre todas y todos nosotros: ¡Proletarios [y proletarias] del mundo, uníos!
 

El Periódico 17/01/2016